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Tuesday, April 18, 2017

#LOBBY: Contraloría detecta diversas faltas a la Ley del Lobby, a tres años de su promulgación

Contraloría detecta diversas faltas a la Ley del Lobby, 

a tres años de su promulgación 
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El Mercurio / 

Contraloría detecta diversas faltas a la Ley del Lobby, a tres años de su promulgación Entre las anomalías, la entidad encontró viajes y audiencias sin publicar.   Carlos Said  A tres años de la promulgación de la Ley del Lobby, la Contraloría revisó el cumplimiento de la legislación en 131 instituciones del país, revelando que existen incumplimientos en puntos clave de la normativa.

Las entidades analizadas van desde municipios, intendencias y seremis, hasta hospitales, instituciones militares y departamentos universitarios, y muestran que el 15% de ellas no publica las audiencias que realiza, el 18% no transparenta los viajes de sus autoridades y funcionarios y el 12% no tiene en el registro de lobistas a algunos de sus sujetos activos, que son quienes se reúnen con otras entidades.

Además, más de la mitad de las instituciones pesquisadas no tiene en su registro de sujetos pasivos -el personal que toma decisiones y que es susceptible a ser influenciado- a los integrantes de las comisiones evaluadoras, quienes deliberaron en 1.634 licitaciones durante el año analizado (ver infografía).

El informe contiene 35 posibles faltas a la ley, y en todas se detecta al menos una institución que falla, en temas como la falta de registro de las donaciones recibidas o el registro incompleto de las audiencias concedidas.

Entre las instituciones que tienen incumplimientos, hay algunas que han estado en el "ojo del huracán" de la probidad, como el Ejército, que no registró la materia tratada en 28 de las 33 audiencias que concedió. A todas las instituciones, la Contraloría les pide dar "estricto cumplimiento a la normativa".

Restituir la confianza

Sobre las faltas, el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, dice que "es preocupante que existan niveles de incumplimientos importantes, pues el espíritu de esta ley es proporcionar información actualizada y veraz a los ciudadanos. Además, las audiencias y los viajes son dos materias particularmente sensibles. La primera, porque podría develar conflictos de interés y, la segunda, porque implica el gasto de recursos públicos que siempre deben ser bien utilizados".

Por eso, se suma al llamado del contralor para cumplir con la ley. "Esta norma obliga a transparentar viajes, audiencias y donativos de manera transversal y, por ende, todos los organismos deben hacer esfuerzos proactivos por cumplir la ley y proporcionar los datos exigidos. Las confianzas en las instituciones públicas y privadas sólo se restituirán si la información está a disposición de todos los ciudadanos", asevera.

  CHILE: Contraloría detecta diversas faltas a la Ley del Lobby, a tres años de su promulgación

Con Información de El Mercurio

http://entornointeligente.com/articulo/9876460/CHILE-Contraloria-detecta-diversas-faltas-a-la-Ley-del-Lobby-a-tres-anos-de-su-promulgacion-17042017

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Tuesday, March 28, 2017

La Agencia Europea de Sustancias Químicas se rinde ante el lobby agroquímico sobre el glifosato

La Agencia Europea de Sustancias Químicas se rinde ante el lobby agroquímico sobre el glifosato

Agrotóxicos

En una decisión del 15 de marzo, que viola el principio de precaución, las pruebas científicas y el presunto compromiso de la Unión Europea con la salud pública, la protección de los trabajadores y la defensa del medio ambiente, el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas dictaminó que el herbicida tóxico glifosato, ingrediente activo del Roundup de Monsanto, no es cancerígeno.

La ECHA tiene 6 meses para elaborar un informe a partir de esta decisión, que relanzará los esfuerzos por renovar el uso del glifosato en la Unión Europea durante un período prolongado.

Al igual que el informe anterior de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria luego de que el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificara en marzo de 2015 al glifosato como "probablemente carcinógeno para los seres humanos", el Comité de Evaluación de Riesgos basó sus hallazgos en informes inéditos de la industria (ver aquí).

Se descartó notable evidencia de investigadores independientes en un método de ponderación de las pruebas que prioriza el "riesgo" por encima de la eliminación del peligro. Y el informe fue emitido dos días después de que un tribunal de Estados Unidos diera a conocer documentos internos de Monsanto (en inglés) donde se registran los intentos constantes de la empresa por elaborar estudios afines al glifosato y por aplastar los análisis independientes de los organismos reguladores oficiales (ver aquí). El tribunal divulgó los documentos, que revelan el grado de colusión entre Monsanto y la Agencia de Protección Ambiental, en respuesta a una demanda presentada por trabajadores agrícolas que vinculan la exposición al glifosato con el linfoma no Hodgkin, un cáncer que surge en la sangre.

La Comisión Europea debe emitir una decisión definitiva a finales de 2017. Los estados miembros volverán a someter la reautorización del glifosato a votación en el Comité Permanente de Plantas, Animales y Alimentación de la UE; en ausencia de una mayoría especial, la Comisión decidirá.

En Europa, la lucha contra el glifosato y la lucha más amplia por rescatar el sistema alimentario de su adicción a los plaguicidas tóxicos y métodos de producción destructivos, ha llegado de vuelta al punto en que estaba hace un año. Las autoridades públicas han demostrado una vez más hasta qué punto se encuentran presas de la industria a la que están encargados de regular, mientras se continúan acumulando pruebas para prohibir el glifosato.

Ahora más que nunca se necesita la presión pública para sacar al sistema alimentario de la espiral de plaguicidas (ver aquí).

Fuente: Rel - UITA


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Friday, March 24, 2017

Renato Garín cuestiona a T13 Radio ante Colegio de Periodistas por columnistas que hacen lobby





Renato Garín cuestiona a T13 Radio ante Colegio de Periodistas por columnistas que hacen lobby

por  23 marzo, 2017

Renato Garín cuestiona a T13 Radio ante Colegio de Periodistas por columnistas que hacen lobby
Por medio de una carta, el abogado reclamó ante el gremio periodístico haber sufrido un trato discriminatorio de parte de esa radio al no concretarse una invitación a presentar su libro "El Lobby Feroz", solo porque el libro "señala claramente que la figura chilena de los lobbistas-columnistas es una rareza a nivel mundial", y la radio tiene tratos con las agencias Tironi Asociados y Azerta Consultores.

A través de una carta a la Mesa Directiva del Colegio de Periodistas, el analista y académico Renato Garín denunció que Teletrece Radio (T13) habría "procedido de forma gravosa hacia la libertad de expresión y la democracia", luego de no haber concretado una invitación a una entrevista que sería realizada por el periodista Iván Valenzuela, instancia en la que Garín presentaría su libro El Lobby Feroz, editado por Catalonia.

Según relata en la carta Garín, el día 24 de diciembre de 2014 una de las productoras del programa de Valenzuela lo contactó para que asistiera el 29 de dicho mes a la entrevista, y además solicitaron un ejemplar del libro. "La falta de respeto que esto implica no se condice con los mínimos estándares que un medio de comunicación debe cumplir. Ni yo ni la editorial solicitamos la invitación de T13 Radio, sin embargo, al producirse ésta pienso que tenemos derecho, al menos, a conocer las razones de por qué he sido "des-invitado", sentencia el académico.

Según el analista las razones de esta negativa responden al contenido del libro "El lobby feroz y la sociedad de las influencias", el que analiza el operar del mundo del lobby en Chile, además de desmenuzar el proceso de construcción de la Ley de Lobby, que según el autor terminó "siendo una ley de publicidad de las agendas de las autoridades. Es decir, vamos viendo con quién se reunió cada autoridad y mediante ese registro vamos viendo quiénes son lobbistas", afirmó a El Mostrador TV.

Según el abogado en el caso específico de T13, "el señor Valenzuela leyó el libro y allí encontró un punto especialmente sensible para T13 Radio. En El Lobby Feroz se señala claramente que la figura chilena de los lobbistas-columnistas es una rareza a nivel mundial. Es decir, el hecho de que los lobbistas profesionales participen en medios de comunicación como "columnistas" es una práctica desconocida en el mundo civilizado, indicó en la carta enviada al Colegio de Periodistas.

Explica que T13 Radio "tiene relaciones, al menos, con dos oficinas de lobby: Tironi Asociados y Azerta Consultores. Entre sus columnistas radiales figuran Ascanio Cavallo y Gonzalo Cordero, que trabajan, como es públicamente conocido, en aquellas oficinas de lobby. Al no haber prohibición legal para ello, T13 Radio no infringe ninguna norma".

Según Garín "la conducta de T13 Radio, al invitarme y luego desentenderse de dicha invitación, es una afrenta a mi libertad de expresión y es una muestra clara y concreta de cómo este medio de comunicación tiene intereses creados con las oficinas de lobby más importantes de este país (...), esta conducta errática e irrespetuosa descansa en el poder antidemocrático del que gozan algunas oficinas de lobby en Chile, que pueden dictar legislación a su antojo y que, también, pueden digitar a los medios de comunicación que informan a los ciudadanos".

La carta fue enviada el 17 de marzo y el abogado se mostró en disposición de formalizar la denuncia ante el Colegio de Periodistas.


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Thursday, February 23, 2017

LEY DE ESTACIONAMIENTOS: CUANDO EL LOBBY DISTORSIONA O CAMBIA SENTIDO A UNA LEY

entre ellos figura José Manuel Melero, hermano del diputado UDI

Los lobbistas que torcieron el proyecto de ley de estacionamientos en favor de las empresas

Eugenio Tuma en la mira 

por  23 febrero, 2017

Los lobbistas que torcieron el proyecto de ley de estacionamientos en favor de las empresas
Testigos de la tramitación afirman que fue determinante la participación del senador PPD Eugenio Tuma en que los parlamentarios consideraran el nuevo proyecto de ley, sin gratuidad y con un tramo de cobro a partir del minuto estacionado. "En el Senado hay bancadas: está la bancada del retail, la de los sindicatos, la de los bancos y, por ejemplo, los ambientalistas", dice un antiguo lobbista. "Y Tuma es reconocido como integrante de la bancada del retail, por los importantes intereses inmobiliarios que maneja en su zona, que incluyen arriendo a algunos centros comerciales y oficinas estatales", agrega.

El 18 de noviembre de 2014, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para modificar la Ley del Consumidor, de manera que se regulara el cobro de los estacionamientos al interior de centros comerciales, supermercados y clínicas.

Ya desde 2012 había un proyecto impulsado por el director del Sernac durante el Gobierno de Piñera, Juan Antonio Peribonio. Pero este texto, promovido por algunos diputados DC, pretendía resolver el tema de una forma que fuera "equilibrada para todos los actores, tanto empresas como consumidores", cuenta el diputado DC Marcelo Chávez, uno de los que suscribió la iniciativa.

De esta manera, la iniciativa original consideraba el estacionamiento gratis durante la primera media hora y, a partir de la media hora siguiente y hasta un lapso de dos horas, sería gratis con la presentación de una boleta que acreditara la compra en el lugar asociado al estacionamiento.

Inmediatamente, como es habitual en cualquier proyecto de ley, los parlamentarios escucharon a todos los actores que tienen intereses respecto de la iniciativa.

Una de las voces más importantes en el proceso de tramitación por parte de los privados, fue la Cámara Chilena de Centros Comerciales (CCHCC), representada por el abogado José Manuel Melero.

Chávez explica que Melero "operó fuerte para sus representados, pero en primera instancia ellos estaban abiertos a mantener la gratuidad hasta cierto tiempo, una hora, por ejemplo. Además, estaban un poco paralizados porque el Ministerio de Economía no les daba audiencia y en la Cámara en general hubo mayoría para apoyar el proyecto como estaba con algunas modificaciones", dice.

Así transcurrió la tramitación hasta que, en marzo de 2015, la iniciativa pasó al Senado. "Ahí nos pasaron la aplanadora", reconoce Chávez, quien admite que "el proyecto cambió del cielo a la tierra, el poder de las empresas se expresó de manera muy evidente. Tal vez algunos senadores lo aprobaron sin leer muy bien lo que estaban votando, convencidos de lo que les dijeron los demás", afirma.

José Manuel Melero es hermano del diputado UDI Patricio Melero, y trabajó como diplomático en la Cancillería durante el Gobierno de Pinochet, según dice la página de  la consultora Tironi y Asociados, donde fue incorporado como socio. "Tironi ya tenía a Ascanio Cavallo para cubrir al mundo DC, él es ex Mapu y militante PPD, entonces incorporó a José Manuel Melero, para correr por la banda derecha", explica un lobbista de la plaza.

Las redes de Melero como "gestor de intereses" están a la vista en su cargo como presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. En este gremio están representadas las inversiones de los grupos económicos, como el que encabeza Horst Paulmann con Cencosud; Carlos Heller con el grupo Bethia; y la familia Solari (Falabella) –que tienen propiedad en Mall Plaza–; asimismo, el grupo Said, controlador de Parque Arauco, entre otros; la familia Mosa, accionistas de Pasmar, que tiene sus activos en el sur de Chile. El Mostrador intentó obtener versión de Melero, pero no fue posible.

El diputado Pablo Lorenzini, uno de los autores del proyecto, dice que desde esta posición, ligada a grandes empresarios, es habitual que la interacción con los políticos, particularmente con los senadores, sea más fluida que en el marco regulado por la Ley de Lobby. "Más que en el Congreso, se usan otro tipo de reuniones, como la Enade, o el Chile Day en el extranjero. Los empresarios, al igual que el Gobierno, confían más en los senadores. En estas reuniones tienen acceso en un contexto menos formal para plantear sus inquietudes, respecto de un proyecto en particular. Se ve el lobby", asevera.

Testigos de la tramitación afirman que fue determinante la participación del senador PPD Eugenio Tuma en que los parlamentarios consideraran el nuevo proyecto de ley, sin gratuidad y con un tramo de cobro a partir del minuto estacionado. "En el Senado hay bancadas: está la bancada del retail, la de los sindicatos, la de los bancos y, por ejemplo, los ambientalistas", dice un antiguo lobbista. "Y Tuma es reconocido como integrante de la bancada del retail, por los importantes intereses inmobiliarios que maneja en su zona, que incluyen arriendo a algunos centros comerciales y oficinas estatales", agrega.

Tampoco fue posible contactar al senador Tuma para este reportaje.

Para Marcelo Chávez el cambio fue evidente, porque "después de pasar por la Cámara, el ministro de Economía se involucró directamente y los senadores se convencieron de introducir los cambios", asegura.

Las redes de Melero como "gestor de intereses" están a la vista en su cargo como presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. En este gremio están representadas las inversiones de los grupos económicos, como el que encabeza Horst Paulmann con Cencosud; Carlos Heller con el grupo Bethia; y la familia Solari (Falabella) –que tienen propiedad en Mall Plaza–; asimismo, el grupo Said, con participación en Parque Arauco y, entre otros, la familia Mosa, accionistas de Pasmar, que tiene sus activos en el sur de Chile.

En diciembre, en sesión de Sala en el Senado, Tuma resumió el trabajo de la Comisión de Economía que él preside. La labor de las Comisiones unidas de Economía y de Transportes se desarrolló en seis sesiones, en las que se recibió a 21 expositores. "Dentro de ellos, contamos con la importante colaboración de las asociaciones de consumidores, de los gremios, de los académicos, de las ONG y de profesores de Derecho Constitucional. Asimismo, se conformó una mesa de trabajo en la que participaron los asesores de los parlamentarios de las Comisiones unidas y los de los ministerios, como he señalado", señaló en su intervención el 15 de diciembre de 2015, durante la discusión en la Sala, en que el proyecto fue aprobado, pero con modificaciones que, más adelante, en la tramitación, fueron rechazadas.

"Cabe destacar que se contó asimismo con la presencia de don Jorge Correa Sutil, en su calidad de abogado constitucionalista, y de don Francisco Zúñiga, quienes realizaron observaciones de vicios de inconstitucionalidad respecto del establecimiento de la gratuidad por el servicio de dos horas contemplada en este proyecto sobre estacionamientos", detalló el senador.

La mano de Extend

 

Según testigos de la tramitación, la unanimidad que enfatiza Tuma es en buena parte gracias a la gestión de Felipe del Solar, quien desde el año 2011 es el director del área de Relaciones Políticas y Legislativas de Extend, una de las principales empresas de lobby y asesorías comunicacionales en el país. "Él se encargó de hablar con todos los parlamentarios (de la comisión)", refieren.

En efecto, durante la tramitación en la Comisión Mixta, que fue el tramo final de la discusión, estuvieron como invitados tanto Del Solar como Melero, junto al abogado Christian Acuña.

El nombre de Felipe del Solar se repite en el registro de la Ley del Lobby en el Senado. Las citas acordadas, según las anotaciones, no han sido solo para hablar de la situación de Uber o un plan de mejoras para la Ruta 68, sino también, en varias oportunidades, para temas relacionados con la Ley de Estacionamientos. La última de ellas fue con el senador Rabindranath Quinteros, en agosto del año pasado. Antes ya se había reunido por el mismo tema con los senadores Eugenio Tuma, Iván Moreira y Lily Pérez.

Del Solar, periodista de la Universidad de Chile y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica, tiene una larga trayectoria en el rubro. Fue manager de Asuntos Públicos en Burson-Marsteller y secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, en el primer Gobierno de Bachelet. Según el libro El Lobby Feroz, de Renato Garín, Del Solar es el "campeón del lobby" y hasta diciembre de 2016 había registrado un total de noventa y cuatro audiencias en el Congreso.

Es desde su cargo en Extend que, en cada una de las reuniones solicitadas en el marco de la Ley de Estacionamientos, representó a la Asociación Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos (APOCE A.G), un gremio que llevó adelante un sinnúmero de reuniones para intentar poner sus puntos en la normativa. La asociación fue creada en abril de 2015 y en poco tiempo, además de Melero, se convirtió en un actor de tonelaje a la hora de entrar a discutir respecto a la iniciativa. "En el proyecto original no estaban incluidos los estacionamientos como negocio en particular, sino solo los asociados a centros comerciales, pero en el Senado se incorporó a estas empresas", afirma Marcelo Chávez.

Si bien Extend representaba a una asociación completa –como insiste una fuente del gremio– es imposible soslayar que uno de los actores importantes de APOCE es Central Parking, operadores de estacionamientos, cuyo dueño es Juan Antonio Guzmán Molinari. Guzmán también es parte del directorio de Extend y su empresa de estacionamientos administraba hasta hace dos años cerca de 400 aparcaderos (entre ellos los de Clínica Alemana, Parque Arauco, Hotel W, Ciudad Empresarial y Hotel Sheraton), un negocio que controla a través de su sociedad Inmobiliaria Gundemara.

El libro de Renato Garín sitúa a Guzmán como un personaje central de la sociedad chilena y resume sus redes así: "Guzmán fue ministro de Educación de Pinochet. Ha aparecido en la prensa como asesor cercano del ex candidato a senador Laurence Golborne. También fue presidente del directorio de Express, uno de los operadores del Transantiago, por más de cuatro años. Familiarmente, es cuñado del ex subsecretario de Hacienda Julio Dittborn. Ha sido parte también de la empresa Sonda, propiedad de Andrés Navarro, quienes están a cargo de gestionar la tecnología del Transantiago. Además, presidió el directorio de SQM, cargo al que renunció el año pasado".

Felipe del Solar señala que efectivamente, en la ley, la posición del sector o del gremio la desarrolló y condujo APOCE, pero señala que la que se presentó fue la que representaba al total de la industria, no a alguna empresa en particular. "Nosotros en todo momento hemos cumplido con la Ley de lobby, dejando registro de las audiencias que pedimos y nos parece importante desarrollar todas nuestras acciones de manera pública y transparente", señala.

También dice que Juan Antonio Guzmán no ha estado presente en las conversaciones sobre este tema. "La cuenta de APOCE la he conducido yo personalmente", comenta Del Solar sobre las citas en las que representó a la asociación cuyo lobby tuvo gran impacto en la tramitación. De hecho, uno de los efectos más cuestionados de la nueva ley, que entró en vigencia hace dos semanas, es que algunos concesionarios de estacionamientos, representados en APOCE, subieron el precio del minuto, desde el cual parte el cobro.

Lorenzini cree que este proyecto resultó "como la Reforma Tributaria. Donde al principio había una idea clara y luego en la cocina se fue enredando sin que nadie entienda muy bien cómo funciona y finalmente la gente opta por pagar sin preguntar", plantea.

Por eso, aunque reconocen que "es vergonzoso", según dice Marcelo Chávez, presentar un proyecto para cambiar una ley que recién entró en vigencia, estudian hacerlo con un proyecto para modificarla a partir de marzo.

 


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Friday, February 10, 2017

LOBBY :

Por Estela López García Febrero 10, 2017

Cuando en 2015 Ramiro Mendoza dejó el cargo de contralor general de la república, tenía sólo una aspiración: después de ocho años de estar resolviendo conflictos, su meta era retirarse de esa locura y refugiarse por al menos 12 meses en la tranquilidad de la academia, cobijándose en la Universidad Adolfo Ibáñez, de la cual es decano.

Ese anhelo quedó ya en el pasado y fue atomizado por una serie de decisiones. La primera —a los pocos meses de dedicar su tiempo por completo a a la Facultad de Derecho— fue de la mano de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), cuando accedió a revisar las platas del organismo. Y a un año de dejar las oficinas de Teatinos 56 comenzó a participar en una seguidilla de directorios de grandes empresas. Primero fue CMPC, luego Consorcio Financiero y la última en Clínica Las Condes. Todas muy dispares entre sí, pero con un factor común: habían hecho noticia por malas prácticas, por manejar asuntos por debajo de la mesa y/o conflictos financieros.

¿Qué buscan estas empresas al sentar a Mendoza en sus mesas? ¿Qué señal están dando? Probidad, seriedad, transparencia y experiencia es la respuesta de algunas personas, mientras que otras ven en Mendoza una red de contactos que el ex contralor mantiene y que es sinónimo de línea directa con los principales organismos públicos y privados del país.

PUNTA PIE INICIAL

Era junio de 2015 y la ANFP recién comenzaba a vivir lo que sería uno de los mayores escándalos del fútbol chileno. Para acompañarlo en esta crisis, el organismo contactó al ex contralor Ramiro Mendoza y al ex ministro de Justicia y de Educación y ex embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Piñera, el abogado Felipe Bulnes.

A Mendoza se le encargó la auditoría contable financiera de los dineros del organismo y los provenientes de la Copa América; el resultado del informe fue que no existió una adecuada gestión de los recursos, debido a la falta de controles internos financieros y contables. Esta fue la primera aparición tras su salida de la Contraloría General de la República (CGR) y la que de cierta manera marcó sus futuros empleos.

Las tres preguntas que Mendoza se hace antes de aceptar un trabajo son ¿por qué pasan estos problemas?, ¿a qué se deben?, ¿tienen solución? Si este último cuestionamiento tiene un análisis positivo, lo más probable es que la empresa en cuestión tenga entre sus filas al ex contralor.

Post ANFP y ya instalado en el barrio el Golf, donde opera con su estudio jurídico Momag, el teléfono comenzó a sonar. Según cuentan sus cercanos, rechazó más de alguna propuesta, pero no le pudo decir que no al ex presidente de empresas CMPC, Eliodoro Matte. Amigos desde hace mucho años, Matte le pidió personalmente a Mendoza que a partir de abril formara parte del directorio que el controlador de la papelera dejaría tras 12 años encabezando la instancia luego del escándalo de colusión del confort.

Las tres preguntas que Mendoza se hace antes de aceptar un trabajo son ¿por qué pasan estos problemas?, ¿a qué se deben?, ¿tienen solución? Si este último cuestionamiento tiene un análisis positivo, lo más probable es que la empresa en cuestión tenga entre sus filas al ex contralor. Fue así que en julio también se sumó al directorio de Consorcio Financiero, firma controlada por las familias Fernández León y Hurtado Vicuña, empresa que se vio salpicada por el uso de información privilegiada de su ex presidente Juan Bilbao.

A quienes acuden a las oficinas de Momag les llama la atención que todos los cuadros, pese a estar ahí desde principios del año pasado, permanecen en el suelo, excepto su título de abogado de la Universidad de Chile. Él, también miembro del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos, diseñó cada rincón del tercer piso de Apoquindo 3910, tal como remodeló el edificio de la Contraloría durante su administración.

Momag le presta asesoría a organismos públicos, particularmente a aquellos que tienen uno que otro traspié en Contraloría y que dada la experiencia de Mendoza y sus socios, como es el caso de Pedro Aguerrea, que se desempeñó como subjefe de la División Jurídica del organismo durante 2009-2015, y de Blanca Oddo, que fue funcionaria entre los años 2007 y 2008, en la ex División Vivienda, Urbanismo, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de Contraloría dan el apoyo necesario a quienes recurren al estudio para destrabar temas puntuales con el fiscalizador.

Cercanos a Ramiro Mendoza reconocen sus amplias redes y transversalidad. A modo de ejemplo, coincidió con el actual fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, en las oficinas de Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner Abogados Ltda. y también se encontraron en el ala pública ya como contralor y fiscal, respectivamente.

"Su aporte justamente es cómo relacionarse con el Estado. Para estas empresas que tienen relaciones con el Estado es tener un salvoconducto. Obviamente se utiliza como garantía para dar una señal al sector público en relación con empresas privadas y actos administrativos", comenta una fuente cercana al contralor, que critica a la vez la celeridad con que Mendoza se ha instalado en la esfera empresarial. "De la manera que se ha hecho tan abrupta, tan intensa y masiva, obviamente que es una mala señal porque en el fondo más que contratado como abogado especialista en derecho administrativo, está en su calidad de ex contralor, lo que genera una señal al menos compleja".

Respecto a estas críticas, Mendoza afirma: "En general, todos los trabajos que se hacen son de perfiles jurídicos y cosas acometidas del punto de vista del encargo profesional. No hay ningún trabajo que yo he hecho que haya significado hacer simplemente una reunión para cobrar algo. Eso no está dentro de mi forma de trabajo".

SELLO DE TRANSPARENCIA

"Hay que hacer la pega y dar una buena señal al mercado". "Es un mensaje de diligencia y seriedad con el tema", comentaba una alta fuente de Clínica Las Condes a minutos de que se anunciara la llegada de Mendoza como director. Si bien para el directorio el sello de transparencia es destacable, desde el interior de la clínica reconocen que lo es aún más "su pasado de contralor". El nombramiento ocurrió a menos de dos semanas de que la empresa informara a la Superintendencia de Valores y Seguros la existencia de una diferencia en la contabilidad por $12.408 millones, la que se arrastraba desde hace años, siendo informada de manera errónea desde 2008.

La jugada de la clínica por contar con Mendoza fue una idea que nació desde el interior del directorio y que contó con la venia de Azerta, la empresa de Sebastian Piñera y Ramiro mendozacomunicaciones estratégicas que asesora actualmente al centro médico. Y es que la figura del ex contralor aparece naturalmente dentro de organismos públicos y empresas que están lidiando con crisis internas potentes, que ven en Mendoza no sólo a un abogado de trayectoria y experiencia, sino que también un sello hacia la opinión pública de contar con un hombre al que se le asocia con conceptos tan recurrentes hoy como son la transparencia y fin a las malas prácticas.

Una de las condiciones de Mendoza para integrar el directorio de la clínica fue pertenecer al comité de directores, lugar desde el cual se ha propuesto revisar las reglas y aplicación del canal de denuncia, los mecanismos de controles internos y las debilidades del gobierno corporativo. La semana pasada asistió a su primer directorio, y de acuerdo a sus cercanos, la idea que hasta ahora se ha formado Mendoza es que existen incumbentes complejos que requieren generar un paradigma de convivencia de largo plazo.

Socio de Azerta —según confiesa muy cercano a Mendoza—, Gonzalo Cordero comenta: "Creo que la frontera entre el lobby y el abogado asesor en materia administrativa puede llegar a ser muy sutil. Pero, hasta donde yo lo he visto, como abogado actúa en conflictos o situaciones complejas desde la defensa de derechos y no de intereses comerciales". Cordero además precisa que "ha evolucionado al tipo de abogado consejero que presta una asesoría más amplia que lo puramente jurídico, pero yo no lo he visto haciendo gestiones ante la autoridad que es lo propio del lobby".

Mendoza, que es parte del directorio de Chile Transparente, del comité directivo del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y de la Fundación Lealtad, entre otros, coincide en que puede llegar a ser sutil la frontera de su rol actual y asegura que "muchas veces el desarrollo de una solución es bastante simple porque gran parte de los conflictos que tiene la administración se producen por contingencias de interpretación que a veces despejada se soluciona el conflicto y eso puede ser a través de un par de reuniones". El ex contralor cuenta que una de las formas de manejar esta frontera "sutil" es materializar sus trabajos a través de informes de derecho, y sentencia que "hasta ahora no he cobrado factura sin trabajo físico".

Terceros más críticos de su paso al mundo empresarial afirman: "Es un lobista encubierto. Las empresas tienen problemas con el regulador, han pasado por un escándalo y van a seguir teniéndolos. La red del contralor es muy amplia, tiene un teléfono ilimitado y una información enorme. Hubiese sido mejor que al cruzar la frontera hubiese transparentado que pasaba de la función pública al lobby".

PUERTA GIRATORIA

En su última cuenta pública, a la que asistieron las principales autoridades de gobierno como la Presidenta Bachelet; el entonces presidente del Senado Patricio Walker y el ex presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, entre otros, hizo un llamado a regular el uso de información privilegiada de quienes entren a la función pública, como también a regular las puertas giratorias con el objeto de impedir que reguladores accedan a servir al regulado.
A casi dos años de haber salido de la Contraloría, asegura mantener firmemente esta crítica y hace la salvedad que la puerta giratoria no calza con el perfil del contralor.

En general, todos los trabajos que se hacen son de perfiles jurídicos y cosas acometidas del punto de vista del encargo profesional. No hay ningún trabajo que yo he hecho que haya significado hacer simplemente una reunión para cobrar algo. Eso no está dentro de mi forma de trabajo", asegura Mendoza.

"La Contraloría no es un órgano regulador, sino que es un fiscalizador del Estado. Todos los actos que conoce son públicos. No hay un cometido de fiscalizaciones especiales que pueda contener información valiosa en beneficio de un grupo. No hay una captura de información, distinto es el caso de entidades reguladoras que dicen relación con el núcleo duro de información de privados que produce una ventaja tremenda, cosa que el contralor ni la Contraloría hacen".

Aún incluso desde la premisa de que la Contraloría no es un ente regulador, Mendoza sí considera que se debería aplicar un modelo de postempleo, como ocurre en países desarrollados. "Todos los que reciben asignación de fiscalización o regulatoria debiesen quedar con una regla de enfriamiento un año desde el cese de las funciones con una remuneración del orden del 80% y con un catálogo bien claro de las actividades profesionales que puede ejercer. No se puede condenar a una persona a que quede en el ostracismo laboral a consecuencia de haber ejercido un cargo público, tendrá que ser en lo que diga relación con esa injerencia del cargo público", puntualiza.

Ahora, el desafío de Mendoza será capitalizar su paso por el sector privado, tal como lo hizo con su paso por el sector público. Sólo que esta vez no a la cabeza de una de las instituciones más respetadas del país, sino que desde los directorios de empresas fuertemente cuestionadas.


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