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Tuesday, July 01, 2014

La Ley del Lobby y los Centros de Estudios: el agujero negro

La Ley del Lobby y los Centros de Estudios: el agujero negro

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Centro de Análisis e Investigación Política

Después de largos once años de debate legislativo, en marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficialel texto de la ley número 20.730, conocido como "Ley del Lobby". Este cuerpo legislativo es el producto de un proceso que involucró tres proyectos de ley que acumularon cientos de trámites y decenas horas de trabajo en comisiones. El marco general de esta normativa descansa en un paradigma basado en la regulación del sujeto pasivo de lobby, esto es, las autoridades públicas, quienes son las llamadas a registrar sus reuniones. Luego, cada institución pública construirá un registro global a partir de los registros particulares de cada funcionario. Es una ley de lobby a medias, pues no regula detalladamente a los sujetos activos, esto es, los lobbistas, pero es un avance significativo en la discusión sobre transparencia en Chile.

Un breve repaso a la ley permite entender sus bases. En lo relativo al Poder Ejecutivo, la norma del artículo tercero de la ley 20.730 involucra a subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores. En el Congreso se menciona a los diputados, los senadores, el Secretario General y el Prosecretario de la Cámara de Diputados, el Secretario General, el Prosecretario Tesorero del Senado, y los asesores legislativos. En el artículo cuarto también se menciona a los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales, los secretarios municipales, el Contralor General, el Subcontralor General, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros del Banco Central, los Comandantes en Jefe, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el General Director de Carabineros de Chile, el Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones. Esta amplia lista de autoridades sujetas a la ley de lobby constituye un enorme paso en pos de la transparencia y la probidad.

Más allá de los detalles de los casos en cuestión, salta a la vista una pregunta fundamental que viene siendo obviada en Chile durante décadas: ¿cuál es el estatuto del conocimiento en nuestro país? Es decir, debemos responder con qué criterios vamos a permitir que se construyan instituciones dedicadas a argumentar sobre las discusiones colectivas.

Por el otro lado, el artículo segundo de la ley 20.730 trata al sujeto activo, aquel que representa intereses ante la autoridad, que ha sido dividido en dos categorías globales: "Lobbistas" y "Gestores de intereses particulares". En términos simples, lobbista es aquel que recibe remuneración y gestor de intereses es aquel que no recibe remuneración por la representación de intereses. Dentro de la primera categoría se incluyen las oficinas de lobby, o empresas de comunicación estratégica, según la jerga nacional; en la segunda categoría, los gestores de intereses serían típicamente las organizaciones gremiales y similares.

Sin embargo, de acuerdo al numeral seis del artículo sexto de la ley 20.730, los centros de estudios, o think tanks, han sido excluidos de ambas categorías, es decir, no son ni lobbistas ni gestores de intereses. Esta es una cuestión interesante, pues lleva a pensar más detenidamente en el estatuto jurídico que rige a los centros de estudios en Chile. Incluso más, este asunto aflora como una arista central del debate público chileno, puesto que la cantidad de think tanks va en explosivo aumento desde hace al menos una década. Ya antes hemos publicado un mapa de los centros de estudios más relevantes, pero todos los meses tenemos la noticia de la creación de uno nuevo. Esta situación contrasta con la escasa regulación de este tipo de instituciones. Su proliferación responde también a una retórica, la creación de nuevas ideas, que mueve a pensar que el debate público del futuro estará marcado a fuego por la acción de los think tanks. Así las cosas, cabe preguntarse si acaso es posible avanzar en normativas que conviertan en obligación legal la existencia de información pública sobre el financiamiento y estructura de cada una de estas instituciones.

Durante este semestre, marcado por el intenso debate sobre el programa de gobierno, dos think tanks han llamado la atención desde diversos ángulos. Por un lado, recientemente Ciper Chile dio a conocer un reportaje de investigación en donde se deja constancia de los vínculos económicos existentes entre Libertad y Desarrollo y la British Tobacco. Esta investigación es la primera en entregar información sobre el financiamiento de Libertad y Desarrollo, una materia que se mantiene en secreto desde su fundación. Este secreto contrasta, sin embargo, con la influencia que ha tenido este centro de estudios en el debate público chileno. Para muestra, el artículo estima que Libertad y Desarrollo ha intervenido en más de 3.600 procesos legislativos desde el comienzo de la transición.

Incluso se puede ir más allá y recordar el libro El Pacto, publicado por Claudio Fuentes, investigador del ICSO de la UDP, del cual se desprende la tesis de que las reformas constitucionales de 2005 fueron un acuerdo entre el gobierno de Lagos y Libertad y Desarrollo. La influencia de este centro de estudios en dicho proceso es innegable y así consta en las numerosas actas citadas por Fuentes, donde se aprecia con nitidez la conducción de Libertad y Desarrollo sobre el debate. De este modo, es sintomático que una institución tan influyente tenga tan poca información de transparencia y financiamiento disponible para los ciudadanos interesados y la prensa.

El caso de Libertad y Desarrollo puede ser comparado con el de un think tank más joven, creado hace un par de años por profesionales jóvenes de la derecha. Bajo el nombre Horizontal se conoce al centro de estudios fundado por Hernán Larraín Matte y Juan Carlos Jobet en 2012. Al igual que Libertad y Desarrollo, Horizontal funciona con financiamiento secreto y no existe información alguna disponible sobre este tópico ni para los periodistas ni para los ciudadanos. La influencia de Horizontal en el debate público, empero, es cada vez mayor. Durante el primer semestre de 2014 su director, Hernán Larraín Matte, tuvo más de cincuenta apariciones entre prensa escrita, radios y televisión. En ninguna de estas instancias, sorprendentemente, fue cuestionado sobre el origen del dinero que sostiene a su institución. No deja de ser interesante que una institución vinculada a un ex ministro de Estado y a un ex asesor del segundo piso de La Moneda tenga financiamiento secreto.

Paralelamente, durante 2014, las oficinas de Horizontal han servido de punto de reunión para que siete centros de estudios de la derecha se reúnan a configurar y discutir su posición ante las reformas planteadas por el gobierno. Es decir, Horizontal y su director buscan una posición tácticamente similar a la que tuvo Libertad y Desarrollo el año 2005, negociando las reformas con el Ejecutivo. Su financiamiento, siguiendo con la comparación, continúa siendo una incógnita incluso para el mundo político que maneja más información que la ciudadanía en general. Una muestra de esto la dio el Senador Manuel José Ossandón, quien le preguntó al señor Larraín Matte por sus financistas, todo esto en un programa en vivo, refiriéndose a "uno, dos, tres mecenas", y el señor Larraín Matte le señaló que eso se trataba de "un problema personal". Esta constituye la única pregunta pública sobre el financiamiento de Horizontal, junto con la que hiciéramos recientementeen Radio Bío Bío.

Estos dos casos son patológicamente similares, pues permiten observar el grado de desregulación que pesa sobre los centros de estudios. Pueden constituirse como fundaciones, corporaciones, institutos o figuras legales afines, luego asisten a las comisiones de trabajo en el Congreso Nacional en calidad de expertos, pero nadie les pregunta nada sobre su estructura, sus intereses ni su financiamiento. ¿Es esto razonable? Pensamos que no lo es, pero es incluso peligroso, porque abre una puerta, un agujero negro a la ley de lobby. Dado que los centros de estudios son excluidos de la categoría de lobbista y de la categoría de gestor de intereses, se pueden prestar para un lobbyencubierto. Se podría estar generando una zona franca entre gestores de intereses y lobbistas, una sutileza para recibir donaciones, por un lado, y hacer papers, estudios y gestiones ante las autoridades, por otro.

Expliquemos el asunto mediante un caso. Una empresa X quiere contratar servicios de lobby para frenar la ley Y. Dada la ley 20.730, toda reunión que una oficina de lobby tenga a nombre de la empresa X quedará consignada en los registros públicos. Si la empresa X quisiera eludir este factor de publicidad, bien podría realizar una donación a un centro de estudios Z, el cual se ocupa de escribir papers y estudios en contra de la ley Y. Así, por un lado la empresa X entrega dineros al centro de estudios Z, y éste, a su vez, hace lobby a favor de la empresa X, pero lo hace de forma soterrada, presentando argumentos a su favor. Según el reportaje citado, esta es la situación que se dio en el caso de Libertad y Desarrollo y la British Tobacco. Curiosamente, la explicación de la empresa tabacalera fue que había "pagado servicios" al centro de estudios, dentro de los cuales se encontraba la compra de estudios sobre temas vinculados a la regulación del tabaco.

Más allá de los detalles de los casos en cuestión, salta a la vista una pregunta fundamental que viene siendo obviada en Chile durante décadas: ¿cuál es el estatuto del conocimiento en nuestro país? Es decir, debemos responder con qué criterios vamos a permitir que se construyan instituciones dedicadas a argumentar sobre las discusiones colectivas. Como Centro de Análisis e Investigación Política consideramos que la situación actual es crítica, dada la proliferación de centros de estudios, y es menester que las autoridades tomen nota del agujero negro que puede significar la suma de esta explosión de think tanks con la nueva ley de lobby que los deja indemnes de los registros públicos.

Pensamos que las organizaciones de la sociedad civil debemos avanzar hacia una norma de ética pública, basada en no trabajar, no organizar seminarios, no asociarse ni emparentarse con instituciones que se nieguen a revelar su financiamiento secreto. Del mismo modo, consideramos oportuno que se abra un debate nacional sobre los centros de estudios y el rol que les compete a estos en la discusión política que se observa en el país. Al menos tres medidas afloran como pasos prudentes para el futuro. Primero, considerar a los think tanks ya sea como lobbistas o como gestores de intereses. Segundo, establecer una acreditación mínima ante el Congreso a fin de exigir información sobre transparencia a todo centro de estudios que quiera exponer ante las comisiones. Y tercero, pero más relevante aún, evaluar la necesidad de crear un fondo nacional de políticas públicas, que permita entregar financiamiento estatal para instituciones que desarrollen trabajo intelectual vinculado a los temas de mayor gravitación para nuestra democracia.


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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